Las noticias vinculadas a presuntos casos de corrupción en el ámbito de la política estatal, autonómica y municipal, que van sucediéndose como un goteo casi diario en el escenario español, suponen el grave riesgo de la “igualdad” de todos quienes se dedican a esta noble empresa para el común de los ciudadanos.
Una cosa es cierta, pese a todo lo visto estos días: la justicia funciona, y lo hace dentro de los tiempos y las limitaciones que le impone la propia ley en cuanto a tiempos y garantías.
Por lo tanto, lo primero a deducir de lo que se conoce es que el sistema no falla y que será la propia justicia la que dirá su última palabra llegado el momento.
Pero el tema de fondo no es otro que algunas conductas personales de quienes ocupan cargos políticos en partidos e instituciones tengan una apariencia deshonesta y cuando menos, filo delictiva.
Frente a esta situación, que últimamente desborda la información de los medios de todo el país, habrá que decir con claridad aquello de “quien la hace, la paga”, y que en todo caso vale la pena romper una lanza en favor de la política y de los políticos. Porque sin duda, son más, una inmensa mayoría de personas dedicadas al servicio público, las que día a día inician, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central, una tarea muchas veces más ingrata, limpia y dificultosa que lo que cierta propaganda antidemocrática pretende hacer creer.
En política se está por decisión propia, es verdad que a nadie obligan a representar a sus ciudadanos, pero esta misma conducta hace mucho más valorable el ejercicio de esa representación, más allá de aciertos y errores, tanto en los gobiernos como en la oposición a los mismos, por lo que supone de vocación por cambiar las cosas.
Pero, aún así, el peor error en que pueden caer los partidos, como se está viendo en algún caso concreto, es negar la mayor, el lamentable “cierre de filas” ante las evidencias de las actuaciones judiciales por más que en la mayoría de los casos no hayan finalizado las actuaciones, pero de las que se desprenden suficientes argumentos como para actuar de manera radical contra quienes aparecen en los sumarios.
Es verdad que no todos están reaccionando del mismo modo, ni argumentando mayores falsedades que las ya conocidas, pero aún así el flaco favor que se le hace a la democracia y a la política en sí entraña el mayor de los riesgos: una mayor desafección de los ciudadanos por sus dirigentes o, peor aún, la irrupción de algún iluminado con “soluciones milagrosas” más propias del fascismo.
Defender la política, de eso se trata, y de que los políticos actúen en consecuencia.
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