Tal vez ésta sea la medida más llamativa de toda la reforma de la estructura política municipal emprendida por el Gobierno Municipal, y cuyas consecuencias se observarán de inmediato.
De hecho, en estas mismas páginas hace dos semanas, “Gente” anticipaba el carácter bastante más profundo de la reforma encarada por el gobierno.
Por lo pronto, al cierre de esta edición, se sabía que cinco asesores del Gobierno Municipal, cuatro del PSOE y uno de Plataforma de Gandia serán cesados en sus puestos. Además, un asesor de cada grupo municipal, incluida la oposición, perderán su trabajo.
Es decir, se volvería a la estructura de la anterior legislatura en que cada grupo contaba con un asesor y un secretario de grupo.
Obviamente, este tema creará polémica tras los continuos embates de la oposición en los dos últimos años respecto de la asignación de asesores del gobierno.
No cabe duda que lo que se intenta ahora es corregir el tiro respecto de un tema que se había convertido en central de la discusión política y es obvio que, finalmente, el Gobierno ha decidido dar un paso atrás, aunque también afectará al PP y Bloc.
Pero sin duda, lo más importante es otra cuestión que en su día dio mucho que hablar: el otorgamiento de facilidades para que un grupo de concejales del PP, Javier Reig, Juan Arturo Martí, Josep Barber y Enrique Coné, pudieran hacer compatibles sus dedicaciones municipales con otras tareas remuneradas.
A partir de ahora se acordará la incompatibilidad absoluta y las retribuciones se pagarán en función de asistencia a plenarios, comisiones informativas, juntas de distrito, etc.
Salvo el caso de Reig, donde la incompatibilidad vendría dada además por el propio reglamento del Colegio de Abogados, en el resto se trata de funcionarios públicos que cobran su sueldo íntegro como tales por jornada completa en sus respectivos trabajos más el respectivo ingreso que hacían por dedicación parcial (media jornada) en el Ayuntamiento de Gandia.
La polémica se generó ya entonces cuando el PP achacó al gobierno “mala voluntad” al “haber confundido a nuestro grupo” mediante “informes contradictorios” la supuesta legalidad de lo solicitado por sus concejales.
Aún así, el pleno acordó conceder esas compatibilidades expresando concretamente en el acuerdo que los citados concejales debían dedicar al menos cuatro horas diarias a su trabajo municipal.
Dicho esto, es obvio que la dinámica de confrontación que hasta ahora se estaba viviendo en el Ayuntamiento de Gandia, entre gobierno y oposición, sobre todo con el PP, entra en una nueva dimensión.
A nadie se le escapa que el coste “político” de los recortes de la corporación se extienden ahora a la propia oposición y que, en el caso del PP, podría llegar a generar duras tensiones internas para resolver la situación personal de quienes se verán afectados por la medida a partir de este mismo de julio.
Seguramente, la oposición podría llegar a exigir mayores recortes en los cargos de confianza del gobierno, una cuestión en la que se asegura se va a ser “intransigente”, aunque en todo caso se prefería esperar al anuncio oficial y a la Comisión de Portavoces, a celebrarse el lunes próximo para dar una opinión clara al respecto.
Por su parte, el gobierno municipal anticipaba que la cuestión es “volver a la estructura de la anterior legislatura”.
Sea como fuere, la situación está decidida, puesto que los votos del gobierno son suficientes para sacar adelante la reforma.
Así las cosas, el gesto del gobierno respecto a las reducciones de personal de confianza abre una nueva etapa donde el más hábil a la hora de plantear sus argumentos será el triunfador enn un tema que se presta con mucha facilidad a la demagogia.
Y esto es lo que hay.
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