La situación del plan de renovación del barrio de Simancas ha entrado, también, en el catálogo de esos asuntos que no son asumibles por el común de la población toda vez que se convierten en un asunto de política barriobajera.
Porque no se entiende ahora como la Dirección General de la Vivienda, de la Generalitat Valenciana, que ya había aprobado no sólo la inclusión de este ARUS (Areas de Rehabilitación Urbana)  junto con el Ministerio de la Vivienda (copartícipes en los fondos al 50%) con un total de 6 millones de euros de subvención, se descuelgue con impedimentos de todo tipo 72 horas antes de poner la firma definitiva a la cuestión.
Y en esto, a juzgar por los datos de que se disponen, el PP de Gandia y su portavoz, Arturo Torró, tienen mucho que decir: bastó que el concejal de Urbanismo, Fernando Mut, anunciara el lunes que Gandia había sido definitivamente incluida en el plan, a falta de la firma del Ministerio y la Generalitat en una reunión que debe celebrarse este viernes, para que las cosas empezaran a complicarse.
Es más, el martes por la tarde el propio portavoz del PP de Gandia advirtió a algunos periodistas de que “estuvieran atentos al tema de Simancas” pues iba a haber un comunicado de la Dirección General de la Vivienda.
El comunicado, que llegó minutos después de la advertencia de Torró, como se sabe, ponía en cuestión la inclusión del proyecto presentado por Gandia y adelantaba inconvenientes que luego la propia Directora General matizaba en conversación con el Alcalde de Gandia prometiéndole que si se subsanaban los informes requeridos, “en seis meses, para la próxima reunión entre el Ministerio y la Generalitat, el tema quedaría solucionado”.
Sea como fuere, la situación es grave, pues el Ministerio al parecer insiste en que Gandia debe estar en el Plan ARUS y que, además, la falta de acuerdo respecto a este punto podría hacer saltar por los aires la propia continuidad del plan en la Comunidad Valenciana.
Si alguien, como afirma el gobierno municipal, ha puesto palos en las ruedas del proyecto, cuando ya estaba prácticamente cerrado el acuerdo, deberá dar explicaciones muy concretas sobre el por qué de su actitud, a menos que su intención no sea otra que crear un grave conflicto con los vecinos ya realojados por el ayuntamiento y provocar un gran quebranto a la obra.
Aún así sigue siendo necesario un acuerdo, pero visto lo visto y las posturas como están de encontradas, mucho nos tememos que Simancas sufra un nuevo retraso y que, al final, Gandia tenga que desembolsar los 6 millones de euros por su cuenta si quiere cumplir con los plazos ya establecidos.