Una sentencia judicial ha puesto en cuestión al Arzobispado de Valencia por no cumplir l el acuerdo de una herencia por lo que deberá pagar casi dos millones doscientos mil euros a los herederos del difunto.
Básicamente,  la herencia donada en su integridad a la Iglesia, consistía en dos solares del barrio de Benipeixcar y dinero en efectivo por 600.000 euros, a cambio de que se cumplieran ciertas condiciones: la erección de un templo en los solares, y que en él fueran enterrados el donante y sus padres.
El Arzobispo Agustín García Gasco no cumplió ninguna de las condiciones dado que vendió el solar a una constructora que edificó pisos y los vendió posteriormente. Del dinero aportado en metálico ni se sabe.
Llegados al juicio, el demandado negó capacidad a los herederos y a la vez, utilizó como argumento en su defensa que “la modificación de un plan parcial  en la zona dispuesto por el Aytuntamiento de Gandia” hacía inviable la construcción del templo. Este último extremo fue desmentido durante el juicio por un técnico municipal que además aportó datos concretos para demostrar la falacia de la máxima autoridad católica de la Comunidad Valenciana.
Ahora, el Arzobispado anuncia que va a recurrir la sentencia y  dice que “aún se está a tiempo de construir la iglesia exigida en la herencia”.
Sea como fuere, lo bien cierto es que tal postura, viniendo de una autoridad eclesiástica que repite en esta comarca su incumplimiento manifiesto de compromisos adquiridos, no es el mejor ejemplo que pueda pregonar a los cuatro vientos: allí está el caso del tan cacareado Centro Ecuménico de Oliva, cuyos terrenos ha tenido que recuperar el municipio después de un largo litigio con el propio García Gasco, tras no cumplir el arzobispado ninguna de las condiciones que en su día se pactaron para alzar allí un  edificio a cuya inauguración se anunció que vendría el Papa. Por muestra de tan buenas intenciones, sólo existen en el solar unos pocos hierros retorcidos y alguna cimentación, que se pagaron copn fondos de la Generalitat Valenciana que también abandonó el proyecto tan pronto como caytó en cuenta de que la iglesia no disponía de los fondos necesarios para hacer frente a su  compromiso.
Así las cosas cabe preguntarse qué calidad moral acompaña a Monseñor García Gasco, capaz de falsear la verdad en un litigio y de no cumplir la palabra empeñada (eso sí, en escritura pública) mientras el Arzobispàdo se hacía con más de dos millones de euros de cuyo destino final, nada se ha sabido, ni sabremos.